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El País, 14.1.00

El Gobierno no ve motivos para alegar pero estudiará los argumentos de Garzón. La oposición exige al Ejecutivo que tramite las razones que le presente el magistrado. José Miguel Larraya, Madrid

"En la medida que no haya elementos nuevos" el Gobierno español mantiene que no procede hacer consideraciones a la anunciada decisión del ministro británico del Interioro, Jack Straw, de suspender el proceso de extradición a España del senador chileno Augusto Pinochet. Dice, sin embargo, que estudiará los argumenos que pueda exponer al respecto el juez Baltasar Garzón. "En la medida que [los argumentos de Garzón] contengan elementos nuevos, considerará qué hacer con ellos", declaró ayer el portavoz de la Oficina de Información Diplomática (OID), Joaquín Pérez Villanueva.

El Ministerio de Asuntos Exteriores precisó ayer, a preguntas de este diario, su posición ante el nuevo rumbo que ha adoptado el proceso de extradición del general Augusto Pinochet tras conocerse oficialmente la intención del ministro Straw de suspender el proceso de extradición de Pinochet.

En una breve declaración de tres puntos, Joaquín Pérez Villanueva, portavoz de la OID, resumió la posición del ministerio.

"1. La situación actual es la de una declaración de intenciones del ministro británico; ni siquiera hay una decisión firme respecto a la interrupción del proceso de extradición a España del senador Augusto Pinochet.

2. Si, en virtud de la invitación del ministro Straw, el magistrado que instruye el caso presenta argumentos, el Gobierno los estudiará y, en la medida que contengan elementos nuevos, considerará qué hacer con ellos. En la medida en que no haya elementos nuevos, el Gobierno no piensa formular alegaciones.

3. En la invitación cursada por el Gobierno británico al Estado español se reitera el deseo de que no se repitan las alegaciones que ya se hicieron en su día."

No obstante, sin adelantar qué decisión tomará en su momento el Gobierno cuando estudie los argumentos que presentará el juez Garzón, el mismo portavoz señalaba ayer a la Cadena SER que la liberación de Pinochet es una "decisión de Gobierno de Gran Bretaña", por lo que "no ve, en absoluto, qué tiene eso que ver con el ámbito judicial".

"No tiene nada que ver y, reitero, es muy difícil encajar en este caso unas consideraciones por parte de un juez español o consideraciones por parte del Gobierno español", añadió Pérez Villanueva.

La oposición no es del mismo criterio, y el portavoz socialista en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, Rafael Estrella, afirmaba ayer que el Gobierno no tiene más remedio que tramitar las alegaciones que le presente Garzón.

"El Gobierno tiene la obligación de tramitar las alegaciones del juez Garzón si éstas se producen, aunque ello suponga desautorizar el anuncio del ministro Abel Matutes. Lo contrario sería una decisión política que mostraría claramente que el Gobierno nunca quiso que Pinochet viniera a España para ser juzgado", señaló. El PSOE ha criticado abiertamente la actitud del Gobierno en el caso Pinochet y le ha acusado de no haber tenido el coraje político de decir a la sociedad española lo que piensa al respecto.

Alfredo Pérez Rubalcaba, portavoz del PSOE, señaló ayer que los socialistas siempre sospecharon que el Ejecutivo no deseaba que Pinochet fuera extraditado y ahora es posible que se corroboren esas sospechas con "estas maniobras" y "que finalmente sepamos que los fiscales señores Fungairiño y Cardenal [al cuestionar la competencia de la Justicia española para juzgar al senador chileno] no estaban solos", sino que lo hacían por interés del Gobierno, informa Efe.

"Pucherazo médico"

Felipe Alcaraz, portavoz parlamentario de IU, dijo que el Gobierno "asoma su verdadero rostro" al no tramitar las alegaciones contra la eventual decisión del Gobierno británico de no extraditar a Pinochet. En su opinión, en este caso "ha habido un pucherazo médico", ya que todavía no se conoce el informe emitido por los facultativos británicos.

El Ministerio de Exteriores, desde el momento en el que se produjo la comunicación del ministro británico de que estaba considerando interrumpir el procedimiento judicial de extradición a España, informó de que era su intención "respetar las decisiones del Gobierno británico". No ha sido ésa la posición de otros Gobiernos europeos con peticiones de extradición.


El juez enviará hoy sus alegaciones a Exteriores.
Ernesto Ekaizer, Madrid

El juez Baltasar Garzón enviará hoy al Ministerio de Asuntos Exteriores el informe de alegaciones solicitado por el ministro del Interior británico, Jack Straw, en su carta del pasado 11 de enero, a fin de conocer la posición de España ante su anuncio de que el general Augusto Pinochet no debe ser extraditado por razones de salud. Las acusaciones particulares y populares elevaron ayer sus escritos tras conocer la invitación británica.

Las acusaciones señalan que la comunicación del Ministerio del Interior británico "se refiere a una declaración de médicos británicos en relación con la salud del procesado [Pinochet]. Sin embargo, no acompaña el diagnóstico de éstos, lo que impide cualquier valoración de aquélla". Asimismo, señalan que "el Ministerio del Interior británico no ha facilitado tales pruebas a España, que tiene la obligación de reclamarlas o, en su caso, de pedir que se practiquen las pruebas adicionales para disponer de las mismas y poder incorporarlas al procedimiento penal".

Otro de los puntos planteados por las acusaciones se refiere a la información de que deben disponer las autoridades españolas, que son dos. En primer lugar, "si se ha de archivar", dice, "el procedimiento respecto de Pinochet debido a una demencia sobrevenida, o, por el contrario", y en segundo lugar, "si debe seguir practicando diligencias el tribunal español allí donde se encuentre Pinochet en el futuro para determinar su responsabilidad criminal".

En otros términos, las acusaciones están sugiriendo, por ejemplo, adoptar ciertas medidas o diligencias en Londres, ya que allí se halla Pinochet. Las acusaciones proponen, además, designar un perito, al igual que al procesado Pinochet, conforme a la ley española, cosa que no ha sido posible en el Reino Unido.

Las acusaciones urgen a poner a Pinochet a disposición de las autoridades españolas para recibirle declaración tras haber sido procesado.

El juez Garzón ya había comenzado a trabajar en un alegato antes de recibir las alegaciones. Fuentes jurídicas señalaron que el magistrado considera que la alegación debe ser muy concreta y pedagógica, en términos judiciales. El juez cree que la revisión médica de Pinochet se ha hecho en el contexto de un procedimiento judicial para producir efectos judiciales, esto es, la libertad del ex dictador, razón por la cual una parte de esos exámenes puede ser revelada sin perjuicio de que otros aspectos técnicos de los mismos se mantengan confidenciales.

No sería extraño, por otra parte, que Garzón, que ha facilitado a la Fiscalía de la Corona británica un amplio material judicial sobre torturas en Chile, se apoye en los criterios de los lores jueces, según se expresaron el 24 de marzo de 1999, en el principio judicial de "extraditar o juzgar". La Fiscalía de la Corona había pedido el citado material a Garzón para el caso, precisamente, de que Pinochet no fuera extraditado a España y se le pudiese acusar en el Reino Unido en cumplimiento de las obligaciones de este país como firmante del Convenio contra la Tortura de Naciones Unidas.


París tramitará la petición para interrogar al ex dictador.
José Luis Barbería, París

El Gobierno francés indicó ayer que transmitirá "inmediatamente" a Londres la petición de interrogar a Augusto Pinochet "en el menor plazo posible", formulada el miércoles por el juez parisiense Roger Le Loire. A falta de un pronunciamiento claro sobre la decisión británica, la diplomacia francesa da muestras de diligencia para que no pueda decirse que no colabora con los jueces y con las familias de las víctimas del ex dictador. "Esta petición va a ser transmitida inmediatamente a las autoridades británicas", confirmó ayer la portavoz de Exteriores, Anne Gazeau-Secret.

Las posibilidades de que la solicitud francesa sea atendida en estos momentos resultan remotas, si se tiene en cuenta que Londres no ha respondido a las anteriores demandas judiciales, ni notificado oficialmente al general las órdenes de arresto internacional y las peticiones de extradición procedentes del mismo juez parisiense. Le Loire persigue a Pinochet por los "secuestros seguidos de torturas" contra los ciudadanos franceses "desaparecidos" Georges Klein, colaborador del fallecido presidente chileno Salvador Allende; el sacerdote Étienne Pesle; los militantes del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria René Chanfreau y Jean-Yves Claudet Fernández, y Marcel René Amiel-Baquet, desvinculado de la política.

La prensa francesa ha acogido con malestar la noticia del probable regreso de Pinochet a Chile. "¿Los chilenos tendrán la fortaleza de juzgar al que fue el verdugo de parte de ellos? Deseémoslo, aunque la perspectiva sea incierta", indicaba ayer France-Soir.


Bélgica reitera que mantiene su demanda de extradición.
W. Oppenheimer, Bruselas

El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Louis Michel, defendió ayer la tesis de que Augusto Pinochet sea juzgado a menos que los informes médicos demuestren que el dictador chileno "está loco". Michel reiteró que su Gobierno no piensa retirar de momento su demanda de extradición y ha solicitado a Londres información detallada sobre el estado de salud de Pinochet.

A juicio de Michel, los problemas de salud de Pinochet pueden ser físicos o mentales. En el caso de que sean problemas físicos, el ex general debería ser juzgado "porque siempre puede estar representado por sus abogados" en el caso de que no pueda asistir al juicio. "Salvo que esté loco", sintetizó el ministro, el Reino Unido debería conceder la extradición solicitada.

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