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El País, 15.1.00

El Gobierno confirma que no alegará, pero no descarta transmitir los argumentos de Garzón. Matutes afirma que estudiará este fin de semana "con simpatía" la opinión del juez. José Miguel Larraya

El Gobierno dejó ayer claro que no tiene nada que alegar ante la anunciada decisión del ministro británico de Interior, Jack Straw, de interrumpir el proceso de extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet por considerar que se trata de una decisión política que sólo corresponde al ministro británico. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de hacer llegar las alegaciones presentadas por el juez Baltasar Garzón. El ministro de Exteriores, Abel Matutes, señaló que el compromiso del Gobierno español con el chileno es "no recurrir" la decisión que tome el ministro británico.

Piqué, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, afirmó estar dispuesto a estudiar "atentamente" las alegaciones que ha formulado el juez Garzón, y desgranó la posición oficial del Ejecutivo ante la nueva fase del caso Pinochet.

"Ahora no estamos ante una decisión judicial, sino ante el anticipo de una decisión política, y, por ello, el Gobierno entiende que ante una decisión política de lo que se trata es, excepto que surjan elementos nuevos desde el punto de vista político, de mantener la misma posición y considerar que todos los elementos que había aportado a las autoridades británicas están ya aportados", señaló.

La transparente voluntad política del Gobierno de no alegar ni opinar sobre la anunciada decisión del ministro Straw, fue matizada por el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, que dejó abierta la posibilidad de hacer llegar las alegaciones.

Matutes dijo que estudiará "atentamente" este fin de semana las alegaciones presentadas por el magistrado para poder tomar una decisión en tiempo y forma hábil, es decir, antes de las cinco de la tarde, hora de Londres, del próximo martes día 18.

"Vamos a estudiar con espíritu constructivo y con simpatía hacia el juez Garzón para ver si efectivamente [su escrito] contiene elementos que permitan ser considerados para que Straw tome la decisión", señaló en una conferencia de prensa conjunta con el comisario europeo de Justicia e Interior, Antonio Vitorino.

El ministro de Exteriores quiso dejar claro que el Gobierno "no recurrirá la decisión que tome en su día el ministro del Interior británico, Jack Straw, por razones humanitarias" y que así se lo ha hecho saber al ministro chileno de Asuntos Exteriores, Juan Gabriel Valdés, "privada y públicamente". Matutes confirmaba así lo declarado el jueves por Valdés en Chile a EL PAÍS: "No entenderíamos que se actuara de forma distinta a como se nos prometió en múltiples ocasiones en el pasado, tanto de forma pública como en conversaciones privadas".

El ministro, en un intento de quedar bien con todas las partes que intervienen en este caso, declaró que el juez Garzón "puede estar satisfecho de los aspectos judiciales de esta iniciativa, que es un empujón a la justicia internacional. Sea cual sea la decisión de Straw, los autores de este tipo de delitos en el futuro van a tentarse más y mejor la ropa antes de cometerlos".

Piqué, por su parte, mostró con más transparencia la voluntad del Ejecutivo de no responder a la invitación a hacer alegaciones formulada por el ministro británico. Pidió que se distinga "entre decisiones judiciales y decisiones políticas" porque "no es lo mismo respetar la decisión que puedan tomar los tribunales españoles o las autoridades judiciales británicas como los jueces lores, que la decisión estrictamente política que la legislación británica atribuye al ministro del Interior". Subrayó que el "Gobierno ha pretendido hacer compatible desde el primer día el respeto a esos dos ámbitos: pleno respeto a la actuación judicial y a las decisiones políticas de Gobiernos democráticos amigos, como el británico y el chileno, con cuyo pueblo hemos expresado nuestra solidaridad profunda cada vez que hemos tenido ocasión".

De hecho, el próximo domingo se celebra en Chile la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en una situación de virtual empate entre el candidato socialista Ricardo Lagos y el conservador Joaquín Lavín. El Gobierno español hará saber su decisión sobre las alegaciones de Garzón cuando se conozcan los resultados. En eso seguirá el ejemplo británico de resolver políticamente el caso con el horizonte electoral chileno despejado.

 

Amnistía Internacional insta a Aznar a tramitar las alegaciones. El País, Madrid

Amnistía Internacional (AI) instó ayer al presidente del Gobierno español, José María Aznar, a ponerse "al lado de la legalidad, de los derechos humanos y del respeto a la justicia" y a tramitar sin dilación las alegaciones que le presente el juez instructor del caso Pinochet. "Deje hacer a los jueces y, si éstos deciden presentar alegaciones, mándelas al Ministerio del Interior de Gran Bretaña", recomienda AI a Aznar.

"El Gobierno español no puede someter los argumentos del juez instructor a un estudio y control políticos", recuerda AI al presidente Aznar en respuesta a las declaraciones de los ministros de Exteriores y portavoz del Gobierno, que sólo se han comprometido a "estudiar" las alegaciones del juez Garzón. Actuar así, afirma AI, "vulneraría claramente la Constitución española, la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como la legislación internacional de derechos humanos".

La organización Jueces para la Democracia, por su parte, "deplora" la decisión británica. "Entendemos que es una decisión adoptada por motivos de oportunidad política, ajenos a los criterios de Justicia, lo que supone una injerencia del poder político en las decisiones judiciales", denuncia en un comunicado. La organización tacha de "ironía" que el ex dictador recurra a razones humanitarias.

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