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El País, 18.1.00

El Gobierno traslada a Straw las alegaciones de Garzón, pero anuncia que no recurrirá. El Ejecutivo comunica a la fiscalía británica que no tiene elementos nuevos que presentar. José Miguel Larraya, Madrid

El Gobierno se cubrió ayer ante posibles críticas de la oposición al trasladar a la fiscalía británica las alegaciones del juez Baltasar Garzón contra la anunciada interrupción del proceso de extradición a España del senador chileno Augusto Pinochet y confirmó que el "Reino de España no se propone presentar recurso alguno a la decisión que tome en su día el ministro de Interior" británico. De esta forma cumplía su compromiso público con el Gobierno chileno de no oponerse a una eventual interrupción del proceso de extradición por motivos de salud del general chileno.

El embajador de España en el Reino Unido, Santiago de Mora-Figueroa, en carta dirigida a la fiscalía británica con fecha 17 de enero, informó que había recibido instrucciones de comunicar el pleno respeto español a la decisión que pueda tomar el ministro británico del Interior, en el marco de sus competencias discrecionales y exclusivas conforme a las leyes británicas aplicables. "En este sentido, le confirmo que el Reino de España no se propone presentar recurso alguno a la decisión que tome en su día el ministro", afirmaba en su carta el marqués de Tamarón.

Además, indicaba que "el Gobierno español es plenamente consciente de que la decisión del ministro del Interior se basará en la totalidad de los elementos de juicio que están a su disposición, como se afirma en la carta del Home Office de fecha 11 de enero, de modo que tendrá presentes las anteriores alegaciones pertinentes realizadas en representación de España y que, por lo tanto, no es necesario repetirlas". En un tercer y último párrafo, el embajador comunicaba que adjuntaba "copia de la documentación que el magistrado-juez del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional les ha remitido ya a ustedes".

De esta forma, el Gobierno dejó ayer constancia de que no tenía nada que alegar a la anunciada intención del ministro británico Jack Straw de no extraditar a España a Pinochet por razones humanitarias, y lo hacía compatible con el traslado de las alegaciones que el magistrado Garzón "les ha remitido ya a ustedes".

El ministro Abel Matutes, que despachó los detalles de la carta el domingo por la tarde con el presidente del Gobierno, José María Aznar, en el palacio de la Moncloa, se mostró ayer satisfecho por el desenlace de la situación. "En la tramitación que legalmente le ha correspondido a ese proceso, el Gobierno español ha perseguido desde el primer momento un doble objetivo: en primer lugar, cumplir meticulosamente su obligación de respetar y acatar las decisiones de la justicia española. Y en segundo lugar, preservar la relación bilateral con Chile, que para España es y ha sido siempre una prioridad absoluta".

Matutes señaló que no ha mantenido contacto alguno con el ministro Straw, al que corresponde, "personal y únicamente, la decisión final sobre el proceso de extradición del senador Pinochet".

Matutes admitió en ocasiones anteriores que el caso Pinochet ha supuesto la peor crisis de la política exterior española de los últimos cuatro años. Desde Santiago, Valdés confirmó haber recibido copia del documento presentado a las autoridades británicas y dijo que éste "cumple con el propósito que el canciller Matutes había trasladado con anterioridad a las autoridades chilenas en el sentido de no recurrir la decisión de Straw". "El Gobierno chileno está satisfecho porque España está cumpliendo", añadió.

Ni un voto a costa del general

Desde que la noticia de la orden de detención contra el general Pinochet estalló en plena Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno -Oporto, 1998- la prioridad política del Gobierno de José María Aznar ha sido que el caso no se convierta en un debate interno de política española, con el riesgo de pérdida de votos para su partido si éste se oponía a las iniciativas del juez Garzón.

La aparente neutralidad del Ejecutivo se quebraba en la rotunda oposición de los fiscales a las iniciativas del magistrado, pero se veía reforzada por el silencio político de La Moncloa, que se ha limitado a repetir la consigna del "respeto estricto a las decisiones de los tribunales". En privado, sin embargo, era manifiesta la irritación de Aznar ante una iniciativa judicial que colocaba a España en una situación sin precedentes en el mejor momento de sus relaciones con Latinoamérica.

Pinochet contesta que no declarará ante Garzón. E. E. , Londres

El Ministerio del Interior británico envió la semana pasada una contestación a la comisión rogatoria enviada por Garzón el 19 de octubre de 1998, tres días después de lograr el arresto de Pinochet, en la que la defensa del ex dictador afirma que éste ha rechazado prestar declaración ante Garzón.

La carta del departamento de extradiciones del Home Office solicita al juez español excusas por haber tardado casi 15 meses en responder su petición. Añade que una carta enviada por la defensa del general señala que el ex dictador no tiene ninguna intención de prestar declaración ante Garzón. Sin embargo, el Home Office no ha incluido en su comunicación la citada carta.

Garzón, por su parte, dictó una resolución el pasado fin de semana en la que solicita a las autoridades de Londres que se dé traslado a la carta presentada por los abogados de Pinochet al Home Office; asimismo, señala que, según la ley española, aunque Pinochet se niegue a declarar tiene que comparecer ante el juez, proceder a levantar acta de las preguntas que se le formulen y expresar que se acoge al derecho de no declarar.

Pinochet ya dijo de viva voz el 11 de diciembre de 1998 que no reconocía "los embustes de los señores de España" ni tampoco la de ningún tribunal, excepto los de Chile.

Con todo, el ex dictador tampoco pareció reconocer la jurisdicción de los tribunales de su propio país en los últimos meses. El juez Juan Guzmán, que instruye más de 50 querellas criminales contra Pinochet, le ha enviado dos cuestionarios con preguntas sobre el caso de la Caravana de la muerte -una misión militar que terminó con 70 ejecuciones- sin éxito. La defensa chilena que asesora a Pinochet le recomendó no contestar al primer exhorto; el segundo está pendiente.

Garzón, asimismo, incluyó en sus alegaciones a Straw la petición de que antes de que se libere a Pinochet se autorice a concretar la comisión rogatoria, esto es, se le autorice a viajar a Londres para interrogar a Pinochet.

Entre la rabia y la ambivalencia. E. E., Londres

La carta que llegó ayer a la Fiscalía de la Corona, firmada por el embajador de España en Londres, el marqués de Tamarón, es reveladora de los sentimientos ambivalentes que han recorrido, la última semana, los despachos del palacio de Santa Cruz en Madrid. Todo empezó el martes 12, cuando Straw anunció que había resuelto, de forma preliminar, dejar en libertad a Pinochet y solicitó, según establece la ley británica, alegaciones a España.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, contra lo que solicitaba Straw, quien actúa en la función "casi judicial", que se le asigna en el procedimiento de extradición, dijo que no había ningún "hecho nuevo" sobre lo que alegar. Straw había anunciado la próxima liberación del ex dictador por razones de salud, que "no humanitarias". Al tiempo no daba a conocer el contenido del informe médico que dio lugar a su decisión. Pinochet había rechazado darlo a España, a excepción de Straw y del director de la Fiscalía Pública británica, David Calvert-Smith.

El juez Garzón trasladó a las partes la invitación a presentar argumentos. El viernes, el juez cursó sus alegaciones a través de Exteriores. El palacio de Santa Cruz insistió: sólo enviaría esas alegaciones si se referían a "hechos nuevos". La rabia, el deseo de declarar como su "propiedad" la extradición se imponía en el Gobierno. Esto llevaba a declarar ausente a España ante el final de esta historia. No tenía sentido. Ayer se enviaron las alegaciones.

La carta que acompaña los argumentos del juez lo dice todo. Primero, explica el anuncio de Straw como algo que le pertenece en exclusiva y que es indiscutible, algo que el propio ministro británico no dice, por lo que, precisamente, en aplicación de la ley, ha solicitado alegaciones. La carta "confirma" que España no presentará recurso contra lo que decida Straw. Segundo, afirma que se aplican "razones humanitarias", quizá para intentar explicar la decisión preliminar como extraña al proceso de extradición, cuando lo que ha dicho Straw es que no se trata de tales "razones humanitarias" sino de que Pinochet está incapacitado para ir a juicio. A ver si se entiende: el ex dictador está, según Straw, gagá. Será verdad, será mentira, esto es harina de otro costal.

Y ya, al terminar la carta, como quien no quiere la cosa, el marqués de Tamarón, dice: "Le adjunto copia del documento que el magistrado juez le ha remitido ya a ustedes. Le agradeceré que remitan esta carta con la citada documentación al Home Office".

A todo esto, el propio Straw dijo el pasado domingo que "compartía la frustración de España y demás países y organizaciones por no poder tener acceso al informe médico" y verse obligados a "creer sólo en mi palabra". Straw debió decir que compartía la frustración de Garzón y de los españoles. El Gobierno español no siente ninguna frustración. Aznar y Matutes sienten otra cosa: "Lo hemos conseguido".

 

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