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El País, 10.2.00

El abogado de Straw advierte de que la difusión del informe médico crearía problemas políticos. El fallo de la revisión judicial se hará público a mediados de la semana próxima. ERNESTO EKAIZER / ENVIADO ESPECIAL, Londres

El Ministerio del Interior británico advirtió ayer al tribunal, en la última sesión del juicio de revisión judicial contra la decisión preliminar de liberar a Augusto Pinochet, de que debe tener en cuenta "las delicadas consecuencias diplomáticas" que provocaría el incumplimiento del pacto de confidencialidad con el ex dictador y dejar a un lado las gestiones realizadas por Chile, y no el deber de imparcialidad y justicia que pregonan Bélgica y Amnistía Internacional al pedir que se entregue el informe médico a los países que solicitan la extradición.

El abogado Jonathan Sumption, más relajado tras el duro forcejeo del martes con el tribunal, quisó tener ayer una segunda oportunidad. Empezó por lo que ya es el punto de partida del guión: España. "El único afectado por el desenlace de lo que suceda en este caso es España. Ellos son los que tenían un verdadero interés en la extradición de Pinochet", y dirigiéndose al presidente del tribunal, Simon Brown, añadió: "Si usted decide que el informe médico debe ser entregado, se hará a los cuatro países que piden la extradición, con independencia de que sea Bélgica quien lo pide aquí".

Brown dijo que, en efecto, eso era lo que él entendía que se discutía. "Francia y Suiza han formulado alegaciones. ¿Piden también el informe?", preguntó el juez Brown. "Sí. Han alegado. Las he visto, pero no me acuerdo de qué piden... Y no sé si debo revelarlo". Brown insistió: "Si las ha visto sabrá si solicitan el informe". Sumption, sin apearse, contestó: "Es posible...Pero no puedo... Lo he olvidado, no sería apropiado que yo informe aquí".

El abogado de Straw quería empezar ordenadamente con su alegato. "Usted", enfocó directamente a Brown, "me preguntó ayer si el ministro del Interior estaba desesperado por salir de este proceso de revisión judicial. La respuesta es que, por supuesto, no lo está (...) Si existe un retraso, si es necesario consultar con los cuatro Estados que piden la extradición... se trata de saber si va a ser un retraso decisivo". Brown replicó: "Pueden ser siete días, no sé". Sumption agregó: "Bueno, tengo que decir que no es un plazo largo ni decisivo".

El abogado fue entonces a los argumentos. "Ustedes han escuchado que éste es un caso delicado para Bélgica. Pero quiero subrayar las consecuencias diplomáticas delicadas de este asunto, unas consecuencias para el Foreign Office. Y para Chile. Porque existen diferentes puntos de vista: está el de España, que es diferente al de Bélgica: y el de Chile. Hay que recordar que Chile ha tenido la iniciativa en todo el proceso de pasar confidencialmente informes médicos a través de los canales diplomáticos sobre el estado de salud del senador Pinochet. Lo que quiero decir es que la decisión que van ustedes a adoptar afecta a cuestiones internacionales delicadas".

El juez más joven, John Anthony Dyson, preguntó: "¿Usted no ha aceptado que al ministro le hubiera gustado entregar el informe médico y que la única razón para no hacerlo es la confidencialidad, que no lo desvelaba por esa razón?". Sumption precisó que si Pinochet hubiera dado su autorización, se podía haber hecho la citada entrega.

El letrado insistió en que la decisión sobre la entrega o no de Pinochet estaba confiada a Straw y que él era quien decidía si existía o no un interés público que aconsejara dejar sin efecto los compromisos de confidencialidad asumidos, por iniciativa ministerial, con Pinochet el 5 de noviembre de 1999, al proponerle el examen médico. Sumption agregó que las alegaciones solicitadas a España y a las otras partes no versaban sobre el "aspecto clínico" del informe, sino que buscaban recoger otros puntos de vista referidos a las consecuencias de la decisión de liberar a Pinochet. "Ninguno de los países, aún cuando les enseñemos el informe médico pueden comentarlo o aportar información útil, sencillamente porque estos países no han examinado a Pinochet".

Clive Nicholls, abogado de Pinochet, decidió, en la recta final, hablar. Explicó al tribunal que su "docto amigo" Sumption había explicado los principales problemas, pero insistió en que la ley de extradición británica y el Convenio Europeo de Extradición no permiten que los Estados requirentes participen en las decisiones que se adoptan a la hora de entregar o no a una persona. Preguntado por el juez Brown sobre la confidencialidad del informe, Nicholls explicó que si no se le hubiera dado al ex dictador garantías de reserva, éste "no hubiera aceptado ser sometido al examen médico".

Pinochet, según uno de los esquemas de alegaciones presentado por Nicholls al tribunal, está preocupado por la posibilidad de que trasciendan ciertos detalles del informe médico. "La confidencialidad es especialmente válida en lo que se refiere a la información sobre su salud mental. Revelar esos datos puede afectar dramáticamente su vida privada y familiar, así como su situación política y social, exponiéndole al oprobio y al riesgo de ser estigmatizado como deficiente mental". El tribunal, según anunció formalmente el presidente al término de la sesión, dará a conocer su fallo "en la mitad de la semana próxima".

Un dilema "revolucionario"

El abogado Jonathan Sumption, apenas el tribunal abandonó la sala, llamó a una oficial del juzgado. Sumption no quería que los jueces se marcharan sin llevarse dos carpetas con jurisprudencia. La oficial tomó las carpetas y salió detrás de los jueces.

En el receso del mediodía, tras la intervención de Sumption, el juez Brown lucía abrumado. Formuló menos preguntas que el día anterior y tomó más notas. A la hora del almuerzo, el juez pareció aliviado. Durante la tarde, el abogado Nigel Pleming, explicó, en réplica a Sumption, que si España había renunciado a pleitear eso no supone darle patente de corso a Londres para adoptar una decisión injusta con Bélgica.

Tanto Pleming como el letrado de Amnistía Internacional, Richard Drabble, explicaron que era incorrecto, como pretendía Sumption, que los Estados que piden la extradición de Pinochet no pudieran aportar nada útil sobre el informe médico de Pinochet. "Ahí está el ejemplo del profesor Liam Donaldson, el Médico Jefe del Home Office, quien, a la vista del informe médico practicado el 5 de enero, dijo a Straw no tener duda de que la conclusión de los especialistas era que Pinochet estaba incapacitado para someterse a juicio y que no se podía esperar un cambio", dijo Pleming.

Si algo caracterizó la sesión de ayer fue esto: tanto Sumption como Nicholls, letrado de Pinochet, usaron todo el peso de la situación dramática que podía tener lugar si el fallo es a favor de entregar el informe médico a los países que piden la extradición. El mensaje ha sido claro: si quieren hacer algo "revolucionario [término utilizado por Sumption]" tendrán que pensárselo bien. Porque no hay antecedentes de enmendar la plana al ministro. Tampoco ha habido antecedentes como el de Pinochet, según ha reconocido Straw.

 

El Gobierno de Chile mantiene la esperanza de un rápido regreso. EL PAÍS , Madrid

En la calle, apenas unas decenas de partidarios de Augusto Pinochet mostraron su indigación contra el Alto Tribunal de Inglaterra y Gales. Chile, que vive su ferragosto particular, reaccionó con calma a la nueva situación de Pinochet.

Según informa el diario El Mercurio, el ministro secretario general del Gobierno, que ejerce las funciones de portavoz, Carlos Mladinic, efectuó una lectura positiva. Para él, la resolución del martes en los tribunales de Londres no implica la admisión automática de los recursos presentados por Bélgica y Amnistía Internacional, sino que los jueces se han limitado a informar de que revisarán el fondo de los mismos. Mladinic fue más lejos, según el diario, al sostener que la nueva situación del senador vitalicio no va a complicar su próximo retorno a Chile.

Eduarto Contreras, uno de los abogados que presentaron querellas contra el ex dictador ante el juez chileno Juan Guzmán, considera un éxito el fallo inicial y destacó que el Ejecutivo chileno enviará a Bruselas al subsecretario de Exteriores, Mariano Fernández, para frenar los recursos: "Es la expresión de la voluntad del Gobierno de conseguir que Pinochet regrese a Chile dentro del mandato de Frei".

El presidente de la Corte Suprema, Hernán Álvarez, reiteró la primacía de los tribunales chilenos para juzgar a Pinochet. "No es posible que delitos cometidos en Chile y por chilenos puedan ser juzgados por un tribunal y por un juez extranjero", aseguró al diario.

Más incertidumbre

Para el abogado Fernando Barros, quien fue portavoz de la familia Pinochet en la capital británica, la decisión abre "un plano de incertidumbre", declaró a El Mercurio. Barros considera que la decisión de los jueces británicos tiene como objetivo un ahorro en las vías procesales, al permitirse una decisión sobre los asuntos de fondo. El abogado admite que la sentencia de la próxima semana puede ser recurrida ante los jueces lores, lo que supone una nueva prolongación de la causa.

En los sectores de la derecha, El Mercurio destaca la reacción del vicepresidente de la Unión Demócrata Independiente, Eugenio Cantuarias, quien lamentó la decisión del tribunal: "Esto marca un nuevo fracaso de la política internacional del Gobierno, que se comprometió ante el del Congreso [a lograr] el retorno de Pinochet dentro del mandato del presidente Frei".

El senador de Renovación Nacional, Ignacio Pérez Walker, señaló que la decisión "demuestra la falta de respeto que las autoridades británicas tienen al derecho y el exceso de condescendencia que tienen con las presiones políticas".

 

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