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OFICIO DE JUEZ GARZÓN A MINISTRO MATUTES [Texto íntegro]

Madrid, 10 de febrero de 2000

De: Equipo director de la acusación particular y popular en proceso a Pinochet y otros ante la Audiencia Nacional de España por genocidio, terrorismo y torturas

Procedimiento: Sumario 19/97 Terrorismo y Genocidio "OPERATIVO CONDOR" PIEZA SEPARADA III

JUZGADO CENTRAL INSTRUCCIÓN NUMERO CINCO AUDIENCIA NACIONAL MADRID

DON BALTASAR GARZON REAL, Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción número de la Audiencia Nacional.

AL EXCMO. SR. MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, atentamente saludo participo:

Acuso recibo e su escrito de fecha 9/2/2000, y en relación al mismo paso a exponerle lo siguiente:

1.- Es cierto, y, así consta en la causa, que ese Ministerio ha cursado las alegaciones que cita y que fueron solicitadas por el Home Office, expuestas un tanto a ciegas por este Instructor al no conocer el contenido de los informes médicos sobre el Sr. Pinochet Ugarte.

Es así que se ha producido la contradicción de que ese Ministerio le ha dado curso a las alegaciones del Juez sobre los informes médicos y a la vez ha imposibilitado su defensa en la Revisión Judicial hoy concluida, a falta de sentencia, al no cursar la petición que se contiene bajo las letras a) y b) de mi escrito del día de ayer, 8/2/2000, ni mi escrito de fecha 9 del mismo mes y año. Sin embargo en la comunicación de V.E., sólo se hace referencia al apartado), en el que se alude a la petición de recurso tras la decisión -todavía no producida - del Home Office, expresando la decisión del Gobierno español de no recurrirla.

Por otra parte, el Excmo.Sr. Ministro no hace mención en su escrito a otro dato que resulta esencial, y, es que en fecha 8/1/2000 se cursaron por este Juzgado las alegaciones para instrumentar la impugnación del recurso de Habeas Corpus interpuesto por la defensa del Sr. Pinochet Ugarte ante la Hight Court para marzo de dos mil, a las que el Ministerio ha dado traslado al C.P.S. para su presentación. Sin embargo, se produce un incumplimiento por omisión por parte e ese Organo Administrativo al no permitir ahora la defensa de las primeras alegaciones (sobre el informe médico), en la Judicial Review; - máxime si se tiene en cuenta que, al parecer existe un informe favorable a aquella emitido por el Letrado que defiende los intereses del Reino de España-, cuya prosperabilidad determinará inexorablemente el curso de la extradición que se mantiene.

2.- Desde el punto de vista del que suscribe existen dos ámbitos totalmente diferenciados:

1) El del recurso contra la eventual decisión del Home Office, respecto del cual, el Juez expone su criterio y pide al Gobierno -que dirige la Política Exterior (art. 97 C.E.)- que lo interponga en su momento, pues no hacerlo es renunciar anticipadamente a la continuación de la extradición, con lo cual, se vuelve a incurrir en contradicción, cuando simultáneamente se mantiene el curso judicial de la demanda de extradición cuyo siguiente acto tendrá lugar el 20/4/2000.

2) El de la inasistencia, siguiendo instrucciones al parecer impartidas por las Autoridades Diplomáticas Españolas, de los Fiscales Ingleses Defensores de la posición española, en una incidencia esencial el procedimiento de extradición cual es la Judicial Review que se está tramitando en el Alto Tribunal de Londres para defender la postura favorable a la extradición y a la necesidad del conocimiento el informe médico como elemento esencial para la continuación de aquélla. La Fiscalía de la Corona como parte tiene el derecho y la obligación de esa asistencia a un acto de contenido estrictamente judicial. No obstante, la decisión del Organo Administrativo ha impedido que tal actividad jurídica ante un órgano judicial se produzca, penetrando en el ámbito de la competencia del Juez que tramita la causa principal y la pieza e Extradición y las Autoridades Judiciales Inglesas.

3.- En cuanto a la colaboración que V.E. menciona se ha producido en los casos que cita, pero:

a) Todavía se está esperando respuesta la petición de este Juzgado sobre si se había recibido alguna comunicación del Crown Prosecution Service sobre a conveniencia y viabilidad de acudir a la Judicial Review. Al respecto, se desconocen las razones jurídicas utilizadas por ese Ministerio para imposibilitar el conocimiento del Juez Instructor de un documento que puede resultar importante n la causa que tramita.

b) No se ha dado curso a mi escrito de ampliación de alegaciones de fecha 19/1/2000.

c) Tampoco se indica hora que se haya dado o se vaya dar curso a mi escrito de fecha 8/2/2000 en el que se contienen cuestiones estrictamente jurisdiccionales y referidas a un procedimiento judicial.

4.- Con el máximo respeto a lo dicho por la Sala 2ª del Tribunal Supremo en auto de 1 de febrero de 2000 y a lo que V.E. expone en el párrafo 7 de su escrito, he de significarle que la doctrina expuesta por aquél no es de aplicación al supuesto estudiado, y, desde luego la interpretación de la normativa inglesa corresponde hacerla los Tribunales Ingleses por cuanto es en aquella jurisdicción en la que se está debatiendo el asunto, y, desde luego, como están desvelando las decisiones del Alto Tribunal de Inglaterra, la situación en la que se encuentra el procedimiento es Judicial, ya que todavía no se ha producido la decisión última el Sr. Ministro de Interior Británico, respecto de cuya naturaleza, en este trámite, nadie discute.

Además, si se aplicaran las normas de las extradiciones pasivas españolas parece claro que en nuestro país no se puede interferir el curso del procedimiento judicial de extradición, por lo que se debería respetar en este caso tal circunstancia cuando la incidencia se produce en otra jurisdicción.

Por todo ello, se insiste una vez más, en que la no participación impuesta por las autoridades administrativas y diplomáticas españolas, prescindiendo de las decisiones el Organo Jurisdiccional, al Crown Prosecution Service en la Judicial Review y en su caso ante la Comité de Justicia de La Cámara de los Lores, para defender el fondo de las alegaciones cursadas por España, afecta al ejercicio de la Jurisdicción. Y, esto es ajeno la decisión explicitada por V.E., de no recurrir una decisión que todavía no se ha producido.

5.- Por último, este Instructor conoce el Ordenamiento Jurídico Español como sin duda lo conoce el Ministerio de Asuntos Exteriores, y, en tal sentido e le solicita, no que dé las instrucciones que considere, sino que de curso al escrito de fecha 8/2/2000, en lo que se refiere a la participación del Crown Prosecution Service y los Abogados que defienden la Extradición solicitada por España, en todas las actuaciones judiciales que se desarrollen en el Reino Unido, en el marco del Procedimiento de Extradición de Augusto Pinochet Ugarte, sin interferencias administrativas que dificulten o imposibiliten su labor.

Dado en Madrid, a nueve de febrero de dos mil.

EL MAGISTRADO JUEZ

Fdo. Baltasar Garzón

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