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El País, 16.2.00

El Gobierno traslada a Garzón los datos sobre la salud de Pinochet por si caben alegaciones. La oposición acusa al Ejecutivo de Aznar de haber hecho el "ridículo" por su negativa a recurrir. JOSÉ MIGUEL LARRAYA, Madrid

El Ministerio de Asuntos Exteriores anunció ayer que ha entregado al juez Baltasar Garzón los informes médicos sobre el estado de salud del general chileno Augusto Pinochet para que pueda hacer las alegaciones que considere oportunas, según informó ayer un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ello no cambia la decisión del Ejecutivo de no recurrir la decisión definitiva que en su día tome el ministro británico Jack Straw, que adelantó su intención de suspender el proceso de extradición de Pinochet a España por motivos de salud basándose en los informes que ahora se divulgan.

Todas las partes se felicitaron ayer por la decisión del Tribunal Superior de Londres, aunque las valoraciones del fallo y del papel desempeñado por el Gobierno de José María Aznar fueron totalmente divergentes.

El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, compareció a última hora de la tarde ante la prensa para "celebrar" la decisión del Tribunal Superior de Londres, que, en su opinión, "reconoce las facultades del ministro del Interior británico de interrumpir la extradición y ordena la transmisión del informe médico a los cuatro Estados interesados".

Matutes afirmó que él mismo, en distintas ocasiones, se había mostrado en favor del levantamiento del secreto absoluto sobre los informes médicos, aunque nunca recurrió la decisión de Straw con el argumento de que el Ejecutivo español se había comprometido a no impugnar ninguna decisión de "origen político".

"El Gobierno español", añadió Matutes, "nunca dudó de la seriedad de estos informes. Sin duda, ésa es la razón por la que el Tribunal de Londres ha rechazado las solicitudes de que se realizaran nuevos exámenes médicos, como pedían algunos".

El ministro recordó que se abre ahora un plazo de siete días para que las partes hagan llegar sus alegaciones al ministro Jack Straw, "quien podrá después adoptar la resolución definitiva sobre este asunto", añadió. Matutes reiteró la decisión del Gobierno español de "respetar" la decisión que tome Straw, "sea cual sea".

La decisión del Tribunal Superior de Londres de que el informe sea facilitado a los cuatro Estados que han solicitado la extradición -España, Bélgica, Francia y Suiza-para que tengan la posibilidad, por breve que sea, de hacer los comentarios que consideren pertinentes fue recibida como una victoria por las acusaciones particulares y por los partidos de la oposición, PSOE e IU, que han apoyado el procesamiento del general chileno.

Rafael Estrella, portavoz del PSOE en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, afirmó ayer que la decisión del tribunal británico confirma al presidente del Gobierno, José María Aznar, como "campeón del ridículo" y le pone "en el centro del descrédito".

En un comunicado, el diputado socialista afirmó que "el Gobierno ya no podrá justificar la ausencia de España en una causa que España inició". En su opinión, ha sido la decisión del Gobierno de Bélgica, y de organizaciones como Amnistía Internacional, la que ha hecho posible que se conozcan los informes médicos. Acusó, en este sentido, al Gobierno del PP de haber intentado impedir que se hicieran públicos los informes médicos sobre Pinochet "con su negativa a recurrir" la decisión de Straw.

Isabelo Herreros, de IU, afirmó que el "Gobierno Aznar se ha negado vez tras vez, no sólo a la posible interposición de un recurso a la futura decisión de Straw, sino que se ha negado con contumacia al envío de las alegaciones en relación con el informe médico remitidas por Baltasar Garzón, negando todo el tiempo que las víctimas españolas de la dictadura chilena ejerzan su derecho a la justicia, tal como las ampara la Constitución".

Exteriores insiste en que no ocultó un informe pedido por el juez. EL PAÍS, Madrid

El Ministerio español de Asuntos Exteriores, a través de la Oficina de Información Diplomática (OID), asegura que no ha ocultado a Baltasar Garzón un informe sobre el caso Pinochet solicitado por el juez. Concretamente, Exteriores recuerda que Garzón pidió el pasado día 21 de enero que se le informara si existía alguna comunicación de la Fiscalía británica "cuya contestación se halle sometida a plazo perentorio". Para entonces, Exteriores disponía de un informe que había solicitado, "para su propio asesoramiento", al abogado Alun Jones, contratado para el caso por la Fiscalía británica.

Este informe, señala la OID, no contenía "plazo perentorio alguno", pero ese mismo día 21 sí llegó a Exteriores otro documento, remitido por el Ministerio del Interior británico, "que sí fijaba plazo perentorio". De hecho, solicitaba una respuesta sobre el proceso de apelación antes de las cinco de la tarde del 24 de enero. Por ese motivo, explica Exteriores, se envió a Garzón este segundo documento, y no el primero de Alun Jones.

Fue días después, señala la OID, cuando Garzón se interesó expresamente por este informe y "le fue remitido inmediatamente en aras de una mayor transparencia". Exteriores reconoce que no adjuntó en su envío el primer folio o carátula del fax recibido desde Londres. En esa carátula, indica la OID, "la funcionaria de la fiscalía escribe, en efecto, 'por favor, telefonee una vez que se haya recibido el documento". Para Exteriores, "la realidad es que la fiscalía quería asegurarse de que el fax había sido recibido y quería también señalar que en el informe de Alun Jones, realizado con urgencia, había, lamentablemente, algunos errores".

Recuerda la OID que "el Ministerio de Exteriores y su titular han reiterado hasta la saciedad que el Gobierno no recurrirá las decisiones del Gobierno británico" y que, por tanto, no hubiera variado esa actitud aunque Garzón hubiera recibido antes el citado informe de Alun Jones.

 

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